📄 Tema 5: El acto administrativo, nulidad y anulabilidad, revisión, recursos y responsabilidad de autoridades y personal

Cuerpo de Auxiliares de Administración General de la Comunidad de Madrid (C2, acceso libre, Orden 1628/2026) · Bloque I

Epígrafe oficial (BOCM)

El acto administrativo: Características generales. Requisitos. Eficacia. Actos nulos y anulables. La revisión de los actos administrativos. Los recursos administrativos: Concepto y clases. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Resumen

La Ley 39/2015 no da una definición de acto administrativo: regula los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo (arts. 38 y 39). La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), le dedica su título III (arts. 34 a 52): requisitos (producción, contenido, motivación y forma), eficacia (ejecutividad, efectos, notificación y publicación) y nulidad y anulabilidad. La competencia del órgano que lo dicta se regula en la Ley 40/2015 (arts. 8 a 14), que la declara irrenunciable (art. 8.1).

Clases. De la ley se desprenden estas distinciones: actos expresos y presuntos (producidos por silencio: la estimación por silencio es un verdadero acto finalizador del procedimiento, mientras que la desestimación solo permite recurrir, art. 24.2); resoluciones que ponen fin al procedimiento y actos de trámite, de los que solo son recurribles los «cualificados» —deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, impiden continuar el procedimiento o causan indefensión o perjuicio irreparable— (art. 112.1); actos que ponen fin a la vía administrativa y actos que no (art. 114); actos de carácter particular frente a disposiciones generales, con la regla de la inderogabilidad singular (art. 37); y actos que producen efectos favorables al interesado, a los que se puede dar eficacia retroactiva (art. 39.3).

Elementos. Subjetivo: el acto lo dicta el órgano competente, ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido (art. 34.1); la delegación, la encomienda, la delegación de firma y la suplencia no alteran la titularidad de la competencia y lo dictado por delegación se considera dictado por el delegante (arts. 8.1 y 9.4 Ley 40/2015). Objetivo: el contenido se ajusta al ordenamiento y es determinado y adecuado a los fines del acto (art. 34.2). Formal: los actos se producen por escrito y por medios electrónicos salvo que su naturaleza exija otra forma (art. 36.1); si el órgano actúa verbalmente, la constancia escrita, cuando sea necesaria, la efectúa y firma el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente y, si son resoluciones, el titular autoriza una relación de las dictadas verbalmente (art. 36.2); varios actos de la misma naturaleza pueden refundirse en uno (art. 36.3).

Motivación. Deben motivarse, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos del art. 35.1: los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos; los que resuelvan revisiones de oficio, recursos y arbitrajes o declaren su inadmisión; los que se aparten del precedente o del dictamen de órganos consultivos; las suspensiones y las medidas provisionales; la urgencia, la ampliación de plazos y las actuaciones complementarias; el rechazo de pruebas; la terminación por imposibilidad material sobrevenida y el desistimiento de la Administración en procedimientos de oficio; las propuestas de resolución sancionadoras y las resoluciones sancionadoras y de responsabilidad patrimonial; y los actos discrecionales o que una norma ordene motivar. En los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se motiva según la convocatoria (art. 35.2). Aceptar un informe incorporándolo al texto sirve de motivación (art. 88.6).

Eficacia. Los actos son ejecutivos (art. 38) y se presumen válidos, produciendo efectos desde que se dictan salvo que dispongan otra cosa (art. 39.1). La eficacia queda demorada si lo exige el contenido o está supeditada a notificación, publicación o aprobación superior (art. 39.2). Solo excepcionalmente cabe retroactividad: actos que sustituyen a otros anulados o favorables al interesado, si los hechos ya existían y no se lesionan derechos de terceros (art. 39.3). Son inmediatamente ejecutivos salvo suspensión, sanción recurrible en vía administrativa (incluida la reposición), disposición en contrario o necesidad de aprobación superior (art. 98.1), y la Administración puede ejecutarlos forzosamente previo apercibimiento, eligiendo el medio menos restrictivo de la libertad (arts. 99 y 100).

Notificación (arts. 40 a 46). El órgano que dicta el acto lo notifica a los interesados en diez días desde que se dictó, con el texto íntegro, si pone fin a la vía administrativa, los recursos, el órgano y el plazo (art. 40.2); la notificación defectuosa que contiene el texto íntegro surte efecto cuando el interesado se da por enterado o recurre (art. 40.3), y para cumplir el plazo máximo basta el texto íntegro y el intento acreditado (art. 40.4) o la puesta a disposición electrónica (art. 43.3). Se notifica preferentemente por medios electrónicos (art. 41.1), nunca electrónicamente si hay elementos no digitalizables o cheques (art. 41.2); el rechazo da por hecho el trámite (art. 41.5) y, con varios cauces, vale la primera (art. 41.7). En papel: cualquier persona mayor de catorce años del domicilio, segundo intento una sola vez en tres días, en franja horaria opuesta a las quince horas y con tres horas de margen (art. 42.2). Electrónica: se practica al acceder y se entiende rechazada a los diez días naturales (art. 43.2).

Notificación infructuosa y publicación. Si los interesados son desconocidos, se ignora el lugar o el intento fracasa, se notifica por anuncio en el BOE, que es gratuito (art. 44 y disposición adicional tercera); antes, y con carácter facultativo, puede anunciarse en el boletín autonómico o provincial, en el tablón del Ayuntamiento del último domicilio o en el consulado. La publicación sustituye a la notificación cuando el acto se dirige a una pluralidad indeterminada de personas o en los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva (art. 45.1), debe tener los mismos elementos que la notificación y se hace en el diario oficial de la Administración autora (art. 45.2 y 3). Si publicar lesiona derechos, solo se publica una somera indicación del contenido (art. 46).

Validez. Son nulos de pleno derecho los actos del art. 47.1: lesión de derechos susceptibles de amparo, incompetencia manifiesta por materia o territorio, contenido imposible, infracción penal, omisión total y absoluta del procedimiento o de las reglas esenciales de los colegiados, adquisición de facultades sin requisitos esenciales y los que diga una ley; y las disposiciones del art. 47.2. Las demás infracciones, incluida la desviación de poder, causan anulabilidad (art. 48.1), pero el defecto de forma solo si impide alcanzar el fin o causa indefensión, y la actuación fuera de plazo solo si lo impone la naturaleza del plazo (art. 48.2 y 3). La invalidez se limita (art. 49), se convierte (art. 50), se conservan los trámites no afectados (art. 51) y los actos anulables pueden convalidarse con efectos desde la fecha de la convalidación, salvo la retroactividad del art. 39.3 (art. 52).

Revisión en vía administrativa (Título V de la Ley 39/2015). Revisión de oficio: la Administración declara en cualquier momento la nulidad de los actos del art. 47.1, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico (art. 106); si la inicia de oficio, caduca a los seis meses. Los actos favorables anulables no se anulan directamente: se declaran lesivos (como máximo cuatro años después de dictarse) y se impugnan ante los tribunales (art. 107). Además, se pueden revocar actos desfavorables y rectificar en cualquier momento errores materiales, de hecho o aritméticos (art. 109).

Recursos administrativos: alzada contra actos que no ponen fin a la vía administrativa, ante el superior jerárquico (un mes para interponer si el acto es expreso; tres meses para resolver, arts. 121-122); reposición, potestativa, contra actos que ponen fin a la vía, ante el mismo órgano (un mes para interponer y un mes para resolver, arts. 123-124); y extraordinario de revisión contra actos firmes, por causas tasadas (cuatro años si es error de hecho y tres meses en los demás casos, art. 125). Contra disposiciones generales no cabe recurso administrativo (art. 112.3) y recurrir no suspende la ejecución, salvo acuerdo (art. 117).

Responsabilidad de autoridades y personal (arts. 36 y 37). El particular reclama directamente a la Administración, no al empleado. Una vez que ha indemnizado, la Administración exige de oficio, en vía administrativa, la responsabilidad del personal que actuó con dolo, o culpa o negligencia graves, ponderando el resultado dañoso, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional y su relación con el daño; el mismo procedimiento se sigue por los daños causados en los bienes o derechos de la propia Administración. Se inicia por acuerdo notificado y tiene alegaciones (15 días), prueba (15), audiencia (10), propuesta (5 días desde la audiencia) y resolución (5); la resolución pone fin a la vía administrativa, sin perjuicio de pasar el tanto de culpa a los tribunales. La responsabilidad penal y la civil derivada del delito se rigen por su legislación, y el proceso penal no suspende el procedimiento patrimonial salvo que la determinación de los hechos en el orden penal sea necesaria para fijar la responsabilidad patrimonial.

Claves para el examen

Requisitos del acto: órgano competente + requisitos + procedimiento (art. 34.1); contenido determinado y adecuado a sus fines (art. 34.2).
Motivación: «sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho» en los nueve supuestos del art. 35.1; selectivos, según la convocatoria (art. 35.2).
Inderogabilidad singular: un acto particular no puede vulnerar un reglamento aunque lo dicte un órgano superior; si lo hace, es nulo (art. 37).
Efectos desde que se dicta; demorados por contenido, notificación, publicación o aprobación superior (art. 39.1 y 2).
Retroactividad excepcional: sustitución de actos anulados o actos favorables, si los hechos ya existían y no perjudica a terceros (art. 39.3).
Nulidad: 7 causas del art. 47.1; anulabilidad: cualquier otra infracción, incluso la desviación de poder (art. 48.1).
Solo se convalidan los anulables; la convalidación surte efecto desde su fecha; la incompetencia no determinante de nulidad la convalida el órgano competente si es superior jerárquico del que dictó el acto (art. 52).
Nulidad de oficio: en cualquier momento + dictamen favorable del Consejo de Estado; caduca a los 6 meses si se inició de oficio (art. 106).
Lesividad de actos anulables favorables: máximo 4 años desde que se dictó el acto; en la Administración Local la declara el Pleno (art. 107).
Alzada: 1 mes para interponer (acto expreso), 3 meses para resolver (art. 122). Reposición: 1 mes y 1 mes (art. 124).
Extraordinario de revisión: 4 años si es error de hecho; 3 meses en las demás causas (art. 125.2).
Suspensión pedida al recurrir: se entiende concedida si en 1 mes no hay resolución expresa (art. 117.3).
El particular reclama a la Administración; esta repite de oficio contra el personal por dolo, o culpa o negligencia graves (art. 36).
Procedimiento contra el personal: 15 días de alegaciones, 15 de prueba, 10 de audiencia, 5 para la propuesta y 5 para resolver; pone fin a la vía administrativa (art. 36.4-5).

💡 Truco

Notificación en papel, regla «14-3-1-15-3»: lo recoge alguien de 14 años o más; si no hay nadie, otro intento dentro de los 3 días siguientes, 1 sola vez, al otro lado de las 15:00 y con al menos 3 horas de diferencia (art. 42.2). Y «10 y 10»: diez días para cursar cualquier notificación desde que se dicta el acto (art. 40.2) y, en la electrónica obligatoria o elegida, diez días NATURALES sin abrirla para darla por rechazada (art. 43.2).

Vídeos recomendados

📚 Temario: leyes y documentos oficiales

✅ Ver el test del tema 5 (174 preguntas, Premium)

← Tema 4 · Tema 6 →